El Gobierno se ha saltado a la torera a las CC.AA., provocando un grave problema asistencial
- La Mesa se reunirá con todos los Consejeros para abordar la situación generada por un Gobierno que ha despreciado el acuerdo alcanzado con ellos en un reciente Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
- La Mesa resalta que serán los Consejeros de Sanidad a quienes les corresponderá asumir la responsabilidad de resolver una lamentable situación creada por la falta de seriedad y rigor del Ministerio de Sanidad.
- La Mesa pide a los consejeros que dicten las instrucciones precisas para que se respete la actuación de los enfermeros, conforme a lo previsto en el Real Decreto.
Madrid, 3 de noviembre de 2015. – La Mesa de la Profesión Enfermera ha remitido una carta a todos los Consejeros de Sanidad, así como a los directores gerentes de los correspondientes servicios de salud, en la que les informa sobre el grave problema asistencial que generará, una vez entre en vigor, el Real Decreto de prescripción enfermera aprobado por el Gobierno del PP. Una norma que impedirá el normal funcionamiento de la atención sanitaria en sus comunidades autónomas.
En la misiva, los presidentes del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, y del Sindicato de Enfermería, SATSE, Víctor Aznar, solicitan también una reunión urgente a los responsables autonómicos de salud para abordar la situación generada por un Gobierno que se ha “saltado a la torera” la Ley del Medicamento y el acuerdo alcanzado con ellos, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el pasado mes de marzo. La Mesa es consciente de que serán los Consejeros de Sanidad a quienes les corresponderá asumir la responsabilidad de resolver una situación creada por la falta de seriedad y de rigor del Ministerio de Sanidad.
En la reunión del Consejo Interterritorial, recuerda la Mesa, los máximos responsables de la sanidad pública autonómica manifestaron su apoyo unánime a favor de la habilitación de los profesionales de enfermería para indicar, usar y autorizar la dispensación de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica como prevé la Ley del Medicamento, aceptándose condicionar el ejercicio de esta facultad por la profesión enfermera, a su previa acreditación, y a la existencia de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, debidamente elaborados por la Comisión que se creará al efecto y validados por el Ministerio de Sanidad.
En este sentido, los representantes de la Mesa señalan a los Consejeros y gerentes que la redacción final dada al artículo 3 del Real Decreto recientemente aprobado, refleja nítidamente la debilidad del Ministerio de Sanidad para hacer efectiva la postura favorable demostrada por las Consejerías de Sanidad, sin obviar la desconfianza que parece merecer al Gobierno la capacidad académica y profesional de los enfermeros y enfermeras.
Ante esta situación, desde la Mesa de la Profesión se ha instado a los profesionales de enfermería que no realicen ninguna actuación relativa a medicamentos sujetos a prescripción médica sin el estricto cumplimiento de las formalidades impuestas por el RD aprobado; esto es, sin el previo y preceptivo diagnóstico y receta médica, debidamente cumplimentados y formalizados en los términos previstos por la Ley y su normativa de desarrollo y previa indicación del protocolo a aplicar de forma individualizada, además de estar debidamente acreditados por el Ministerio de Sanidad.
Lo contrario, añaden, supondría una conducta del enfermero contraria a derecho, a su Código Deontológico y la asunción de una responsabilidad profesional que no le corresponde, con las pertinentes consecuencias ante un eventual daño que, además, no estará cubierto por la póliza de responsabilidad civil.
Siendo esta la lamentable realidad provocada por el PP, desde la Mesa se pide a los consejeros que dicten las instrucciones precisas para que los órganos directores de los centros e instituciones sanitarias de su ámbito territorial, respeten la libre y legítima conducta de todos los enfermeros, quienes a partir de ahora actuarán conforme a lo previsto en el Real Decreto, y no merecerán ningún tipo de reproche por someterse al amparo del mismo.
