Desde hace años, venimos denunciando la situación laboral del personal de enfermería, que en nuestra Comunidad Autónoma en cuanto a recursos y dotación de personal es de las más bajas de este país, según recomendaciones de la OMS. Esto implica que los profesionales han soportado durante mucho tiempo una carga de trabajo superior a la que les corresponde, asumiendo deficiencias y siendo el pilar fundamental de nuestro sistema sanitario y una sólida base donde se asienta la calidad del mismo.
El anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria lesiona gravemente la calidad del sistema sanitario publico, los derechos adquiridos de los profesionales sanitarios, su estabilidad laboral y a posteriori, más gravemente, significa un golpe certero a la calidad de un cada vez, mas débil, sistema sanitario público, lo que repercutirá en el usuario final del mismo: el paciente, los ciudadanos
Para llegar a esta línea de trabajo, desde la Consejería, se ha desautorizado a todos los interlocutores de la Sanidad: desde Colegios profesionales hasta organizaciones sindicales. No ha existido posibilidad alguna de participar en ninguna negociación, ni proceso de información, preliminar al desarrollo de este anteproyecto redactado con la tinta de la intransigencia y el papel del autoritarismo.
El recorte presupuestario previsto será de unos 73 millones de euros, de los cuales 18 millones de euros tenían que ser destinados a personal que ya NO se va contratar.
Según las afirmaciones de distintas organizaciones sindicales, es posible que se realice una reestructuración importante de las listas de reservas de personal temporal atendiendo a criterios que penalizan la antigüedad, la formación continuada, la investigación, docencia y en definitiva todos aquellos aspectos que implican la superación y la mejora profesional.
El conjunto de estas medidas se puede traducir en una situación potencial de paro para un gran número de profesionales con contratos interinos, eventuales o sustitutos. Bajas que no se van a cubrir, plazas que se van a extinguir y no saldrán en una OPE, una tasa de reposición negativa de personal sanitario y la pérdida del poder adquisitivo con un incremento del 0,3% en conceptos básicos cuando en el resto del país es en la totalidad del salario (según lo previsto en la ley estatal); además se congela el complemento específico y no se actualizarán las pagas extras, lo que sí se hará en el resto del estado.
La reducción de 15 millones de euros para ayudas sociales supone la práctica eliminación de las ayudas para estudios, los premios de jubilación y de permanencia o la póliza de seguros, y elimina los planes de pensiones.
Y por supuesto una disminución de los recursos materiales de los que los profesionales sanitarios vamos a disponer para atender a la demanda de los usuarios lo que llevará a una mayor saturación de los servicios sanitarios, aumento de las listas de espera, e insatisfacción generalizada en el profesional y en el usuario.
Desde la Organización Colegial de Enfermería, este escenario nos obliga a hacer un llamamiento urgente a todos los profesionales sanitarios y a la sociedad en general a movilizarse activamente en contra de esta hipoteca impuesta al sistema público sanitario, reconvertido en deudor de los múltiples errores cometidos desde Administraciones que desmantelan el sistema sanitario público a pasos agigantados
